Tras un periodo de dieciséis años con gobiernos del PP, la Región de Murcia es hoy una de las más devastadas por la crisis. Las políticas de desequilibrio, unido a la falta de previsión y de estímulo, han generado una economía débil, caracterizada por su escasa productividad y nivel de ingresos. De ahí que, los primeros síntomas de dificultad han derivado en una drástica reducción del número de empresas y un acusado aumento del desempleo, así como un nivel salarial de los más bajos del país, una temporalidad laboral de las más elevadas o unos bajos niveles de formación de los trabajadores.
Junto a estos déficit, la Región soporta elevados índices de abandono y fracaso escolar, deficiencias en la sanidad murciana, retrasos injustificados en las ayudas a la dependencia o elevados porcentajes de población que vive por debajo del umbral de pobreza. Situaciones que tienen escasas posibilidades de subsanación cuando la administración regional registra en estos momentos el tercer déficit más alto de España.
Tal situación no ha servido de acicate para llevar a cabo un drástico cambio de rumbo, sino que por el contrario, se ha intentado paliar temporalmente con políticas de recortes en materia social, que además de no resolver el problema, lo amplían, puesto que repercuten en una incremento del paro y generan mayores desigualdades, al golpear especialmente a los sectores más débiles de la sociedad.
